Los últimos años, Bolivia registró incendios de gran magnitud que incluso alertaron a la comunidad internacional por la cantidad de biodiversidad afectada y perdida. Ante esto, colectivos nuevamente instan al actual gobierno a abrogar normas denominadas “incendiarias” para evitar repetir estos escenarios en el país.
“El gobierno de Luis Arce tiene la obligación de abrogar las leyes incendiarias para que no se repita una tragedia en la Chiquitania como la del 2019 y del pasado año”, dijo el activista Pablo Solón en entrevista con Fides.
El 2019 se registraron incendios de mayor magnitud en el país, frente a esto y todo un proceso de demanda y testimonios de expertos, autoridades, instituciones y territorios afectados, una sentencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) calificó el suceso en la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía como un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”.
Las y los jueces indicaron que, “según las pruebas presentadas, en Bolivia se quemaron 6.4 millones de hectáreas, de los que el 65% de la superficie afectada se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29% en el Beni, afectando principalmente a la región de la Chiquitanía, que es parte de la Amazonía y el Chaco boliviano, y se integra, a su vez, por los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco. Los demandantes señalan que el 27% de las áreas afectadas se quemaron por primera vez”.
Además, el fuego afectó a 1.133.037 hectáreas de áreas naturales protegidas, 969.718 hectáreas de tierras de uso forestal, 341.790 hectáreas de tierras de uso silvopastoril y 5.336 de tierras de uso restringido.
Por ello desde el TIDN se pidió ya en agosto de 2020 la abrogación de 14 normas legales calificadas como “incendiarias” para que esos escenarios que afectaron a bosques, plantas, animales y pueblos indígenas, no se repitan.
De ese total del paquete de normas en debate, entre leyes y decretos, 11 corresponden a la etapa gubernamental de Evo Morales y tres a la de la expresidenta Jeanine Áñez.
Desde entonces, colectivos, instituciones, expertos y pueblos indígenas mantienen la demanda de abrogar dichas normas antes de que se llegue a la etapa de chaqueos en el país y por tanto al riesgo de nuevamente registrar incendios.
Con el nuevo mandato que encabezan Luis Arce y David Choquehuanca, estas instancias ratifican que si bien la sentencia del TIDN no es vinculante, se buscará evitar perder nuevamente fauna y flora en regiones vulnerables del país.
“El gobierno está a tiempo de hacerlo para evitar estos impactos y tiene que hacerlo ya, porque de otras forma lo que tendrá que hacerse en julio y agosto es volver a apagar incendios, así que el gobierno tiene que actuar de una vez”, agregó Solón.
Normas que favorecen al agronegocioEl pedido de la abrogación de estas normas se mantiene también desde instancias como la fundación Productividad Biósfera y Medio Ambiente (Probioma). Su director, Miguel Ángel Crespo ratifica que “todas esas normas deben ser abrogadas”.
“Existen varias normas que favorecen al agronegocio y que han generado incendios en más de 8 millones hectáreas en la gestión 2019 y 2020, como la ampliación de la frontera agrícola para cultivos transgénicos, deforestación, incremento de agroquímicos, contaminación de aguas, avasallamiento de reservas forestales, áreas protegidas y territorios indígenas”, detalla Crespo a ANF.
Y ya el pasado año, desde la Red Eclesial de la Amazonía Boliviana (REPAM Bolivia), tras celebrar el veredicto del TIDN se “elevó su voz pidiendo a las distintas instancias que asuman el dictamen del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y se empoderen para la aplicación del mismo; conscientes de que esta decisión, aunque no tiene fuerza legal vinculante, tiene un alto valor moral frente a los organismos nacionales, internacionales y ante la población, por estar llamados a cuidar el bienestar general que sólo se da, cuando hay respeto del ambiente donde se desarrolla la vida”, detalló en un comunicado.
Expertos alertaron que tras la paralización de muchas actividades económicas en el país a raíz de la pandemia de Covid-19, la mayor parte reanudarán y con mayor fuerza, particularmente en el área agrícola y ganadera, a partir de la época de chaqueo (julio y agosto), para preparar la tierra y esto pone en más riesgo por los posibles incendios.
Las normas “incendiarias”
Estas son algunas de las normas que se pide que sean abrogadas:Ley 337: Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. Aprobada en 2013, por el gobierno de Evo Morales. Decreto Supremo 1578: Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. Aprobado en 2013 por el gobierno de Morales.Ley 741: Autoriza el desmonte y el chaqueo con el uso de fuego hasta de 20 hectáreas en pequeñas propiedades y propiedades. Aprobada en 2015 durante el gobierno Morales.Ley 1171: Para el Uso y Manejo Racional de Quemas. Aprobada en 2019 por el gobierno de Evo Morales.Decreto Supremo 3973: Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. Aprobado en 2019 por el gobierno de Evo Morales.Decretos supremos 4232 y 4238: De autorización al Comité Nacional de Bioseguridad para procedimientos abreviados en la evaluación de maíz, caña, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados. Fueron aprobados aprobados en 2020 por el gobierno de transición de Jeanine Áñez.
Por: ANF
