A pesar del llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano para que establezca un diálogo con la sociedad civil, persiste la persecución judicial contra los defensores del área protegida de Tariquía.
Juan Mendoza, dirigente del cantón Chiquiacá, denunció en el programa Recorriendo el Chaco que, aunque la Fiscalía de Entre Ríos rechazó el proceso iniciado por empresas petroleras contra los defensores de Tariquía, ahora el caso ha sido retomado por la Fiscalía de Tarija. Mendoza lamentó la falta de voluntad del Estado para escuchar a quienes buscan proteger sus territorios.
Por su parte, Miguel Miranda, miembro del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), advirtió que las amenazas contra los defensores de Tariquía han ido en aumento, desde la manipulación o negación de información hasta la restricción de sus derechos mediante procesos judiciales.
«La judicialización de defensores ambientales busca criminalizar el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos», explicó Miranda, señalando que este fenómeno, cada vez más frecuente en América Latina, puede escalar hacia acciones de mayor violencia contra quienes protegen el medioambiente.
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