Amparados en el artículo 38 de la Ley 341 de Participación y Control Social, representantes de la sociedad civil organizada de San Ignacio, San Miguel, San Rafael y San José, con el respaldo de sus autoridades municipales y regionales, han exigido a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) una rendición pública de cuentas específicas sobre el proyecto carretero San José – San Ignacio.
La audiencia pública, según la solicitud formal, debe realizarse de manera impostergable el 6 de marzo de 2025 en San Rafael. En caso de no obtener respuesta favorable, los colectivos sociales advirtieron con la aplicación de medidas de presión.
Demanda de transparencia en la obra.
Durante una reunión interinstitucional con participación de representantes del Control Social Circunstancial de los cuatro municipios, Centrales Indígenas, autoridades municipales, cívicas y otros actores de la sociedad civil, se decidió exigir la presencia del Ministro de Obras Públicas , el presidente de la ABC, el gerente regional y el responsable de la Unidad de Transparencia para brindar información clara y precisa. Las notas formales ya fueron remitidas a las autoridades competentes.
«Es muy importante que la ABC nos proporcione información sobre el estado del proyecto, los contratos modificatorios y el despido de más de 300 trabajadores. La transparencia fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones», declaró Antonio Suárez, presidente del Control Social Circunstancial.
Avance y estado del proyecto carretero
El proyecto San José – San Ignacio consiste en el asfaltado de más de 200 km, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2019 con un plazo de tres años. Según el último informe de la ABC, el proyecto registra un avance físico del 70% y financiero del 91%. La obra es financiada mediante un préstamo del Banco Mundial y está a cargo de una empresa constructora china.
Base legal para la rendición de cuentas
El párrafo II del artículo 38 de la Ley 341 establece:
«La rendición de cuentas específicas se realizará en el lugar de ubicación del proyecto…»
Por su parte, el párrafo III señala:
«Recae la responsabilidad de su realización en las Máximas Autoridades de la entidad».
En este caso, la responsabilidad recae sobre la ABC y su Unidad de Transparencia.
La sociedad civil organizada se ha declarado en estado de emergencia, resaltando la importancia de la transparencia para garantizar el cumplimiento de esta obra vital para la conectividad y desarrollo de la región chiquitana.
Mira y escucha la entrevista realizada por Radio Santa Cruz, en el programa «Colectivo de las 9»
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